El sindicato CSIF anuncia movilizaciones si Interior sustituye funcionarios de prisiones por seguridad privada.
La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato
mayoritario en el sector de Instituciones Penitenciarias, ha advertido
este miércoles al Ministerio del Interior que convocará movilizaciones
si sigue adelante con su pretensión de sustituir a funcionarios de
prisiones por vigilantes de empresas privadas.
Responsables de los sindicatos representativos en Instituciones
Penitenciarias mantendrán mañana una reunión para "estudiar posibles
medidas de presión" ante esta medida que, según CSI-F, "contraviene" la
Ley Orgánica General Penitenciaria (artículo 80), el Estatuto Básico del
Empleado Público (artículo 9.2) y el Reglamento Penitenciario (artículo
64).
En un comunicado, el sindicato explica que estas normas
establecen, entre otros aspectos, que los funcionarios penitenciarios
son los encargados de ejercer las funciones de la seguridad interior de
las cárceles, que los funcionarios penitenciarios deben tener la
condición de funcionarios públicos y que, en todo caso, para el
ejercicio de estas funciones, las prisiones deben contar con el personal
necesario y debidamente cualificado.
CSI-F considera que la medida que baraja Interior afectará a la
seguridad de los centros porque los vigilantes de seguridad carecen de
la formación técnica necesaria y situaciones de emergencia, como fugas o
incidentes, no tendrían la capacidad operativa para actuar. Asimismo,
este personal tampoco estaría capacitado legalmente para utilizar en
estos casos los medios coercitivos que contempla la Ley.
Este sindicato señala además que la sustitución de funcionarios de
prisiones por seguridad privada no solo no supondrá una reducción del
gasto, sino que puede incrementar los costes del servicio, al tiempo que
cree que pueden existir intereses económicos. En términos de empleo,
recuerda que durante dos años no se ha producido una oferta pública de
empleo en prisiones, "lo que ha provocado la infrautilización de algunos
centros" y "un déficit de personal estimado en 2.000 funcionarios".
Reunión el 5 de Julio para ver "posibles medidas de presión".
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